Nico
Hoy fui a la PGJ y me encontré con que nuestro caso se fue a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar… fue extraño pero al parecer, tu mami se está retractando de las AMENAZAS pero ya veremos de que se trata ahora la demanda.
Hoy fui a la PGJ y me encontré con que nuestro caso se fue a la Fiscalía Especializada de Violencia Familiar… fue extraño pero al parecer, tu mami se está retractando de las AMENAZAS pero ya veremos de que se trata ahora la demanda.
Te mantendré al tanto. Mientras, aquí el documento con el número de folio 001174 con el que lo rastrearemos en el “bunker” que es donde esta dicha fiscalía.
Te mando mi cariño.
A. Salomón
mayo 19, 2014
Aquí dejo la definición de la Fiscalía de Procesos en lo Familiar:
OBJETIVO
La Fiscalía de Procesos en lo Familiar es la encargada de dirigir, organizar y controlar la función y actuación del Ministerio Público en su carácter de Representante Social ante las Salas y Juzgados de lo Familiar, e intervenir en los juicios relativos a la familia, el estado civil de las personas , sucesiones y todos aquellos del orden familiar, en los que las Unidades de Procesos tienen injerencia, brindando el debido seguimiento ante las Instancias correspondientes; promoviendo conciliación y/o integrando las averiguaciones previas, en los hechos de violencia familiar y por las conductas relacionadas por tales hechos.
FUNCIONES
Promover, cuando proceda, la conciliación de los asuntos del orden familiar, como instancia previa al órgano jurisdiccional.
Elaborar convenios con los cuales se promueva el cese de la violencia familiar y en su caso se establezca lo relacionado a la guarda y custodia, alimentos, régimen de visitas y convivencias.
Canalizar a las personas a otras instancias para iniciar procesos ante el órgano jurisdiccional.
Iniciar y en su caso, integrar y resolver las Averiguaciones Previas por delitos generados en hechos de violencia familiar, o por conductas relacionadas con tales hechos.
Establecer y aplicar criterios para brindar los servicios de apoyo legal, psicológico y social a las personas involucradas en actos de violencia familiar o por conductas relacionadas con tales hechos.
Intervenir en su carácter de representante social, ante los Juzgados y Salas de lo Familiar con el propósito de brindar protección de los intereses individuales y sociales, en los términos que establecen los ordenamientos legales.
Intervenir en los juicios del orden familiar, al estado civil de las personas, sucesorios y todos aquellos, en que por disposición legal sea parte o deba darse vista al Ministerio Público, interponiendo los recursos legales que procedan.
También encontré esto en este link:
La Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, conocerá de los delitos siguientes:
I.- Delito de Violencia Familiar cuando las víctimas sean adultos o en los que lo sean simultáneamente adultos y menores o incapaces; y,
También encontré esto en este link:
La Fiscalía de Procesos en Juzgados Familiares, conocerá de los delitos siguientes:
I.- Delito de Violencia Familiar cuando las víctimas sean adultos o en los que lo sean simultáneamente adultos y menores o incapaces; y,
II.- Delitos de Violencia Familiar y de los que atentan contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, cuando las víctimas sean personas adultos mayores. En los demás, casos, serán competentes las Fiscalías Desconcentradas.
Nico, también encontré este trabajo de investigación sobre la Violencia Familiar, creo que por momentos me recuerda a Lourdes y sus comportamientos en casa de mis papás… aquí lo dejo para nuestra consulta. Ver página 805.
Una más… esta ponencia habla muy a favor de las mujeres pero dice un par de datos importantes en la página 20 que dice que con mas frecuencia hay casos de mujeres agresoras, no solo con la pareja sino con los hijos. 2 de cada 50 hombres reportan violencia física y psicológica de sus parejas.
uno mas
La Suprema Corte de Justicia ha dicho sobre la VIOLENCIA FAMILIA
Novena Época
Registro: 168241
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Materia(s): Civil
Tesis: I.7o.C.118 C
Página: 1098
Registro: 168241
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XXVIII, Diciembre de 2008
Materia(s): Civil
Tesis: I.7o.C.118 C
Página: 1098
VIOLENCIA FAMILIAR. LA SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DEL MENOR DE UNO DE SUS PROGENITORES CONSTITUYE LA.
Conforme el artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal, violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio conyugal, para causar daño. Las clases de violencia son, entre otras: I. Física: Es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; y, II. Psicoemocional: Es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Así, cuando un padre a través de conductas de acción u omisión, separa injustificadamente a su hijo de meses de edad de su progenitora, ejerce en perjuicio del infante violencia familiar, en su modalidad de psicoemocional, porque lo somete, domina, controla y prohíbe tener amor, alimentación y cuidados de su madre, así como relacionarse con la familia materna. Ello, porque en el caso existe una imposibilidad material para acreditar la alteración en la estructura psíquica del menor (daño), en razón de que el demandado se lo llevó desde corta edad, y de manera reiterada se negó, no obstante los múltiples requerimientos judiciales, a entregarlo a su madre, lo que implica que no se tiene conocimiento del lugar y las condiciones en que el enjuiciado actualmente tiene a su hijo y, por ello, en el juicio natural no se pudo investigar o determinar la estructura psíquica del menor. Sin embargo, atendiendo a la hermenéutica jurídica, las normas legales no se pueden aplicar literalmente, cuando no se toman en cuenta las imprevisiones del legislador ni los postulados de la equidad en determinados supuestos, como el presente asunto, por lo que el juzgador al interpretar la ley, debe hacer una exégesis generosa que permita armonizar el contenido de la norma y limitar su alcance. Por ende, en el caso se surte la presunción de la causación del daño en la estructura psíquica del infante, porque la alteración autocognitiva y autovalorativa que integran la autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona, se presume a partir de la existencia del deber y la acción de separación injustificada del menor, como una consecuencia necesaria entre esa conducta indebida y la afectación en el integrante del grupo familiar, toda vez que conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 16.1, 19.1 y 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Principios 2, 6 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño, 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), se desprende que el desarrollo y bienestar integral del niño comprende, en principio, el derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; el derecho a preservar las relaciones familiares; el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del niño; el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; el derecho de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Luego, si no se desvirtúa el incumplimiento de estas obligaciones y, como consecuencia, la separación injustificada del menor por parte de uno de sus progenitores, se acredita la existencia de violencia en su modalidad de psicoemocional, ya que se surte la presunción de causación del daño.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Conforme el artículo 323 Quáter del Código Civil para el Distrito Federal, violencia familiar es aquel acto u omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio conyugal, para causar daño. Las clases de violencia son, entre otras: I. Física: Es todo acto intencional en el que se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física del otro; y, II. Psicoemocional: Es todo acto u omisión consistente en prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, insultos, amenazas, celotipia, desdén, abandono o actitudes devaluatorias, que provoquen en quien las recibe alteración autocognitiva y autovalorativa que integran su autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de esa persona. Así, cuando un padre a través de conductas de acción u omisión, separa injustificadamente a su hijo de meses de edad de su progenitora, ejerce en perjuicio del infante violencia familiar, en su modalidad de psicoemocional, porque lo somete, domina, controla y prohíbe tener amor, alimentación y cuidados de su madre, así como relacionarse con la familia materna. Ello, porque en el caso existe una imposibilidad material para acreditar la alteración en la estructura psíquica del menor (daño), en razón de que el demandado se lo llevó desde corta edad, y de manera reiterada se negó, no obstante los múltiples requerimientos judiciales, a entregarlo a su madre, lo que implica que no se tiene conocimiento del lugar y las condiciones en que el enjuiciado actualmente tiene a su hijo y, por ello, en el juicio natural no se pudo investigar o determinar la estructura psíquica del menor. Sin embargo, atendiendo a la hermenéutica jurídica, las normas legales no se pueden aplicar literalmente, cuando no se toman en cuenta las imprevisiones del legislador ni los postulados de la equidad en determinados supuestos, como el presente asunto, por lo que el juzgador al interpretar la ley, debe hacer una exégesis generosa que permita armonizar el contenido de la norma y limitar su alcance. Por ende, en el caso se surte la presunción de la causación del daño en la estructura psíquica del infante, porque la alteración autocognitiva y autovalorativa que integran la autoestima o alteraciones en alguna esfera o área de la estructura psíquica de la persona, se presume a partir de la existencia del deber y la acción de separación injustificada del menor, como una consecuencia necesaria entre esa conducta indebida y la afectación en el integrante del grupo familiar, toda vez que conforme a los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3.1, 7.1, 8.1, 9.1, 16.1, 19.1 y 27.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 24 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Principios 2, 6 y 9 de la Declaración de los Derechos del Niño, 12.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), se desprende que el desarrollo y bienestar integral del niño comprende, en principio, el derecho a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos; el derecho a preservar las relaciones familiares; el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del niño; el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; el derecho de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. Luego, si no se desvirtúa el incumplimiento de estas obligaciones y, como consecuencia, la separación injustificada del menor por parte de uno de sus progenitores, se acredita la existencia de violencia en su modalidad de psicoemocional, ya que se surte la presunción de causación del daño.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 647/2008. 16 de octubre de 2008. Unanimidad de votos. Ponente: Sara Judith Montalvo Trejo. Secretario: Guillermo Bravo Bustamante.
y ahí mismo esto otro en donde se dan indicaciones de como proceder en caso de conocer a un niño violentado